MIGRACIÓN Y POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA

 

POBLACION DESPLAZADA EN COLOMBIA

 

 

 

 

CRISTIAN DANIEL TRIANA PARRA

COD: 030150512006

 

PROFESORA: Mag. Aurora Garay

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

SOCIOLOGIA

IBAGUE

2007

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO:

 

 

 

 

1.      INTRODUCCION

2.      MARCO TEORICO

3.      MIGRACIÓN Y POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA

4.      DEFINICIÓN DE DESPLAZADO

5.      CAUSAS DEL DEZPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

6.      MAGNITUD ACTUAL DEL DEZPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

7.      CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

8.      IMPACTO  DEL DEZPLAZAMIENTO

9.      COOPERACION INTERNACIONAL

10. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO DURANTE EL

11. GOBIERNO ACTUAL.

12. BIBLIOGRAFIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INTRODUCCION           

En Colombia el problema del desplazamiento forzado es dramáticamente grave y se ha hecho más visible en los últimos años. Aunque las estimaciones  se presentan con grandes  diferencias dependiendo de la fuente, se estima que el total de desplazados forzados fluctúa entre las casi 1’700.000 personas registradas en el SUR y las 3’975’100 reportadas por CODHES. Lo cual, corresponde respectivamente al 3.7% y 8.63% de la población del país (46.039.144) estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

 

Estas fuentes presentan diferencias relevantes como resultado de sus metodologías y técnicas de recolección de datos, lo cual genera sesgos y limitaciones importantes en el análisis.

En el marco del presente  trabajo se busca realizar un acercamiento al desplazamiento forzado valorando sus consecuencias y efectos sobre los niveles del desarrollo social, institucional, ambiental y económico del país.

 

 

 

 

 


                              MIGRACIÓN Y POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA

DEFINICIÓN DE DESPLAZADO

 

El desplazamiento de población puede entenderse como una forma específica de migración; en términos generales se refiere a las personas que se ven obligadas a cambiar sitio de vivienda dentro del territorio nacional mientras que la palabra "refugiados" se aplica a aquellas personas que cruzan las fronteras nacionales en busca de protección. Se entiende por desplazado:

 

"Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del Territorio Nacional, abandonado su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, por que su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre(sic): conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren el orden público"

 

CAUSAS DEL DEZPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

 

El desplazamiento interno de población causada por las diferentes formas de violencia, se viene presentando en el país desde el siglo XIX ; los movimientos armados de mediados del siglo XX ("la violencia") provocaron más de 2’000.000 de desplazados ; la guerra de guerrillas que se viene presentando en el país durante las últimas décadas constituyen la causa principal de desplazamiento. A partir de 1.985, con la agudización del conflicto armado interno se ha incrementado de manera importante el número de desplazados, con repercusiones sociales y económicas que se reflejan en la calidad de vida en los ciudadanos, en la pérdida de la red de apoyo social a causa del desarraigo, desorganización, pérdida de vínculos familiares y sociales.
El desplazamiento forzoso de la población es considerado como un evento catastrófico, ya que es evidente que los desplazados sufren vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la integridad física, a la seguridad personal, a la libertad y al libre desplazamiento, a no tener abrigo, a carecer de acceso suficiente a educación y a organismos de salud. El fenómeno del desplazamiento afecta las ya frágiles condiciones de seguridad y de servicios de salud en regiones a donde se desplazan las poblaciones afectadas. La carga adicional generada por el éxodo masivo de personas que desde pequeñas poblaciones parten hacia ciudades menores, luego a ciudades intermedias y por último con destino a las capitales de departamento, incrementa los cinturones de miseria social, compromete aún más la calidad de vida debido al hacinamiento, pobreza, desempleo, baja productividad y aumento de la inseguridad social y vandalismo.

Tal como se puede observar en el cuadro adjunto, la gran mayoría de los desplazamientos se origina por amenazas generalizadas y por el temor a las consecuencias de los enfrentamientos armados sobre la población civil. Adicionalmente, debe señalarse la tendencia a crecer de manera muy importante (creció el 100%) la cantidad de desplazamientos derivados específicamente de los enfrentamientos armados. Por el contrario, son minoritarios los casos en los cuales el desplazamiento obedece a amenazas  específicas.

 

 

CAUSAS

2000-2001(2)

2002 (2)

Amenazas generalizadas

44%

55%

Amenazas especificas

5%

6.4%

Enfrentamientos  Armados

15%

30.6%

Masacres

9%

3.9%

tomas , ataques, reclutamiento forzado, otras causas

3.85%

3.6%

(1) fuente: dnp - udru

 (2) fuente: rss

 

MAGNITUD ACTUAL DEL DEZPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

 

La cantidad exacta de desplazados en Colombia es de difícil cuantificación. La Conferencia Episcopal Colombiana perteneciente a la Iglesia Católica, así como otras ONG dedicadas a la investigación del fenómeno han establecido que la violencia política (dependiente en parte de la guerrilla y los grupos paramilitares) y la generada por el tráfico de drogas ha causado la migración de mas de 120.000 familias lo que puede equivaler a una cantidad de ciudadanos que oscilan entre 900.000 y 1’500.000 personas. El 64.5% pueden ser menores de 20 años. El 72% de los desplazados corresponden a una forma individual o familiar, mientras que el 28% se relacionan con éxodos masivos de población.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, establece que entre 1.985 y 1.998, se ha producido el desplazamiento forzoso de 1’535.000 personas, de la siguiente manera:

 

AÑOS

POBLACIÓN DESPLAZADA

% DE CRECIMIENTO

MENORES DE 19 AÑOS

%

1.985-94

700.000

 

415.800

59.4%

1.995

89.000

 

54.557

61.3%

1.996

181.000

203.37

129.053

71.3%

1.997

257.000

141.98

190.180

74.0%

1.998

308.000

119.84

202.200

65%

TOTAL

1’535.000

 

989.790

64.5%

 

FUENTE: CODHES

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

En el primer trimestre de 1.999 se han movilizado de manera forzosa, 47.864 personas; estas movilizaciones se han presentado en 220 municipios en 27 departamentos. Lo anterior equivale a decir, que en Colombia se localizan el 6.14% de todos los desplazados a nivel mundial. Los motivos de desplazamiento son los siguientes: amenazas 46% ; homicidios 17% ; atentados 11% ;desalojos 6% ; torturas 5% ; bombardeos 2% ; secuestro, extorsión y "boleteo" 1.11% .
A pesar de la dificultad en la cuantificación del desplazamiento, CODHES presenta la siguiente caracterización de la población desplazada:

Población de 1 a 5 años

19%

Población de 6 a 10 años

15%

Población de 11 a 18 años

21%

Población de 19 a 44 años

SIN DATO

Población de mayores de 45 años

45%

Mujeres

53%

Hombres

47%

Jefe de familia entre 31 a 55 años

44%

Mujeres que asumieron condición de jefes de hogar

35 000

Asistencia durante o después del desplazamiento

54%

Asistencia en servicios de salud a desplazados

20%

Asistencia en Educación a desplazados

5%

 

FUENTE : CODHES

 

Entre la población de mujeres jefe de hogar, el 30% fueron desplazadas por paramilitares, 22% por grupos guerrilleros, 19% por Fuerzas Militares, 3% por milicias urbanas, 2% por Policía, 1% por narcotráfico y 22% a causa de otros grupos . El 57% de los menores desplazados por la violencia, corresponden a mujeres.
El desplazamiento forzoso de la población confluye hacia la generación de problemas sociales de gran magnitud asociados con la marginalidad, el hacinamiento traducido como falta de privacidad, la exclusión social, la vulneración de derechos fundamentales el abuso sexual y el maltrato a mujeres y menores de edad y la fragilidad de la redes sociales tales como acceso a servicios de salud, de educación, de recreación, todo lo cual incrementa de manera potencial, la vulnerabilidad ante las enfermedades de transmisión sexual (ETS,) el VIH y el SIDA. El hecho de ser víctima de serias amenazas a la vida, a la integridad económica, familiar, política, de pensamiento, de expresión, etc., conduce a que muchos riesgos individuales para la salud sexual y reproductiva sean minimizados cuando se les presentan los primeros ; la combinación de todo lo anterior magnifica la vulnerabilidad potencial de este grupo poblacional ante las ETS.
Otro tipo de poblaciones en constante migración es el de los recolectores de cosechas, quienes se movilizan a diferentes regiones del país de acuerdo con las épocas de recolección de los productos. Además de estos trabajadores, a las zonas de migración llegan trabajadoras(es) sexuales y debido a la relativa abundancia temporal de dinero, se vive un ambiente de fiesta, permisividad y opulencia relativa, incrementándose la probabilidad de transmisión de ITS.
En forma similar, en los llamados "focos de impacto económico" producidos por cocaína, amapola y petróleo, sitios en los cuales entra gran cantidad de dinero en circulación, y se desarrolla una subcultura regional, en la cual no se valoran los riesgos, y se establecen normas al margen de lo socialmente aceptado. El machismo y el uso de la mujer como objeto sexual son característicos. Ejemplos de este fenómeno son poblaciones como las de Tauramena y Aguazul, en la zona de explotación petrolera del Departamento del Casanare. .
Otros grupos de población "migrante" que aumentan su vulnerabilidad a las ITS, son los comerciantes, turistas nacionales y extranjeros que visitan periódicamente las ciudades fronterizas o acuden en determinadas épocas del año a las ciudades más turísticas del país; con ellos llega el comercio, el dinero, trabajadoras(es) sexuales, etc.. Los turistas se involucran con los residentes en relaciones sexuales negociadas sobre base económica, sin que en estos lugares se haya respondido con suficientes estrategias de prevención ante la propagación de la infección.

 

 

 


   IMPACTO  DEL DEZPLAZAMIENTO

Impacto psicosocial

La sola palabra impacto precisa una ruptura, un cambio abrupto que produce efectos inmediatos y a largo plazo. Cuando está unido a la palabra psicosocial, el impacto debe ser visto en un espectro más amplio, desde lo sociocultural, como el rompimiento de redes sociales, canales regulares de comunicación intra y extrafamiliar, cambios en el contexto, pérdidas y exposición a experiencias extremas, pero también implica permear conceptos de identidad individual y colectiva que involucran diversos aspectos emocionales, que frecuentemente se manifiestan a través de cambios en comportamientos en las distintas esferas de relación.

 

El primer impacto que vive la persona es el miedo frente a la posibilidad de la muerte y el temor de cómo reaccionar frente a esta circunstancia. También se encuentran sentimientos de rabia por encontrarse en una situación difícil por decisión de otro y por haber sido sometido a violaciones de sus derechos: “En sus inicios la crisis se caracteriza por la desorganización emocional y el comienzo de la búsqueda de estrategias que permitan enfrentar la situación. El malestar emocional experimentado se manifiesta como “intranquilidad, desasosiego, inquietud” y tristeza o desánimo, el trabajo de asumir las pérdidas parciales o totales, originan distintos procesos de duelo, signados en general por la tristeza”

En el caso de las personas que se han visto obligadas a desplazarse por una

amenaza de muerte, esta situación es aún más crítica, es la incertidumbre permanente hasta el punto que la relación con sus allegados se fragmenta, pues ella es considerada un peligro para la familia y amigos. Cuando se presenta la muerte de un familiar, los sentimientos se mezclan y se produce rabia por la impunidad pero también culpa por no haber sido capaces de denunciar por temor a las represalias.

A nivel social el impacto más fuerte tiene que ver con la fragmentación de las redes de solidaridad tejidas en el sitio que tienen que abandonar, los hábitos comunes de comunicación los patrones culturales de interacción y cambio de costumbres.

Las personas desplazadas sufren alteraciones en lo que hasta el momento ha sido su

identidad individual y colectiva, y lo que han construido como imagen de sí mismos y su representación del mundo con el cual se han relacionado habitualmente, que les permite diferenciarse de otros. La cotidianidad se altera y se ven enfrentados a la incertidumbre, sus derechos han sido vulnerados y la posibilidad de control sobre sus propias vidas ha sido arrebatada.

Impacto económico del desplazamiento en Colombia

Es evidente que el activo por excelencia que los desplazados poseían y perdieron es la tierra, luego entonces en la medida en que aumenta el desplazamiento forzado por el conflicto armado y el abandono de tierras, se incrementa la concentración de la propiedad; situación agravada por la destrucción de las redes sociales de las víctimas y de desarraigo respecto

a su proyecto original de vida.

El cambio de ocupación de las personas antes y después del desplazamiento,

significan que agentes económicamente productivos y por lo general autónomos en actividades ligadas a la agricultura, pasan a engrosar el sector informal desempeñando oficios de muy baja productividad, que no generan valor agregado. Por otro lado, este proceso produce a su vez cambios en los roles al interior de las familias desplazadas asi: los hombres abandonan su rol como principalales generadores de ingresos, mientras las mujeres se insertan en el mercado laboral informal.

Un efecto muy importante del desplazamiento es la perdida del Capital Humano, ya que los miembros del hogar adquieren a lo largo de su vida conocimientos y habilidades para el desempeño de actividades agrícolas y cuando ocurre el desplazamiento pierden este Capital Humano, el cual, por lo general no encuentra aplicabilidad en los sitios receptores y al ocuparse en actividades en el sector informal urbano se genera una perdida de ingreso.

Por otro lado, la deserción escolar después del desplazamiento, significa la interrupción de la educación de los niños y jóvenes truncando o atrasando las posibilidades de formación y acumulación de Capital Humano para la economía y la sociedad en términos de movilidad intergeneracional.

NECESIDADES Y RECURSOS

La magnitud y el crecimiento de las necesidades contrastan con la asignación de los recursos

estatales.

El costo estimado de estabilizar integralmente una familia durante el primer año, en 2003 asciende

aproximadamente a US $9,500. Así, estabilizar las 75,200 familias desplazadas en 2002 costaría US

$ 714,4 millones, y estabilizar las 170,000 familias estimadas por el INDH – PNUD costaría US

$1,615 millones.

En contraste, la inversión pública durante el período 1995 – 2000 fue apenas de $139.000 millones

(en pesos corrientes, aproximadamente US $51.5 millones de 2003), es decir muy reducida, lo que

reflejaba la muy baja prioridad que el tema del desplazamiento forzado tenía en ese entonces en la

agenda gubernamental. En el año 2001 se destinaron a través de las diversas entidades del SNAIPD

$146.000 millones (US $54 millones de 2003), y en 2002 se asignaron $ 162.000 millones (US $60

millones de 2003) para la atención al tema, para un total de $447.000 millones (US $165,6 millones

de 2003) en los últimos siete años.

De esta suma, durante el período 2001 – 2002 la RSS invirtió $126.582 millones (US $46.9

millones de 2003) en atención al desplazamiento forzado: el 52% se dedicó a financiar actividades

de estabilización de la PD, el 37.36% a la Atención Humanitaria de Emergencia, el 3.7% a

prevención, y el 6.13% a fortalecimiento institucional27.

Sin embargo, como se ve, este esfuerzo resultó insuficiente para satisfacer la demanda creciente de

recursos. En un análisis de la ejecución de la política pública realizado por el ACNUR en agosto de

2002 se concluyó que al terminar el gobierno del presidente Andrés Pastrana (agosto de 2002), “la

cobertura en Atención Humanitaria de Emergencia apenas ascendió al 43.2% de la demanda

registrada en el mismo período y sólo se cumplió el 36% de la meta; la cobertura en estabilización

socioeconómica fue del 19.5% y el cumplimiento de la meta del 31.6%; la cobertura en vivienda

fue del 3.7% y la meta se cumplió sólo en el 11.4%”.

De otro lado, la RSS estimaba en ese momento que durante los próximos años se requeriría invertir

$2.6 billones para la estabilización de la PD, sin incluir el costo de seguridad física, adquisición de

tierras ni recursos para crédito29.

A pesar de la crisis fiscal, el gobierno del Presidente Alvaro Uribe mantuvo en el 2003 el

presupuesto de la RSS destinado a la atención al desplazamiento forzado en el 2002, es decir la

suma de $88.120 millones, de los cuales aproximadamente $25.718 millones (el 29%) se dedicaron

a la atención del desplazamiento. Adicionalmente, la RSS ha enfocado su esfuerzo financiero a

atender la demanda represada de la atención a víctimas de la violencia y la reconstrucción de

municipios afectados por los ataques armados. Con el fin de tratar de mejorar el ostensible

desequilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles, la RSS está tratando de obtener unos

USD 55 millones mediante crédito externo.

Sin embargo, deben señalarse además otras restricciones financieras surgidas a partir del presente

gobierno, para la atención a la PD: a) se suprimieron los fondos que antes proveía el Fondo de

Inversiones para la Paz (FIP) dirigidos a financiar la Asistencia Humanitaria de Emergencia y

proyectos productivos; b) se descontinuó la asignación de presupuestos específicos en las entidades

sectoriales para atención a PD; y c) la RSS recortó ostensiblemente la ayuda que anteriormente

prestaba a cada familia para estabilización económica, como producto de una estrategia consistente

en la disminución del valor promedio de la ayuda por familia desplazada, con el fin de mantener la

cobertura de la misma con menos recursos, o ampliarla con el mismo monto disponible.

 

 

 

 


COOPERACION INTERNACIONAL

En el balance de la política realizado por el ACNUR se destaca que se ha evidenciado “un avance

en el desarrollo y consolidación de las relaciones entre las agencias internacionales y el Estado

colombiano en materia de cooperación específicamente dirigida a la atención al problema del

desplazamiento forzado bajo el criterio de la complementariedad de las acciones y el apoyo a la

capacidad de respuesta por parte del Estado”30.

En materia financiera, es claro que el gobierno de los Estados Unidos es el mayor donante para

atención al desplazamiento. En el contexto del Plan Colombia lanzado en el 2000 con un

presupuesto de USD 1.300 millones, durante el bienio iniciado en Octubre de 2002 AID ha

asignado un presupuesto de USD 167 millones para atención a la PD mediante soporte directo a

70.000 personas, 300 proyectos en 200 municipios (retornos, microcréditos, apoyo a escuelas,

reintegración de jóvenes excombatientes, etc).

De otro lado, el presupuesto de las diversas agencias de las Naciones Unidas en Colombia destinado

a la atención del desplazamiento en el 2003 podría ascender a USD 74.15 millones. Otros donantes

de importancia son el CICR y la Unión Europea; ésta última durante el 2003 aportará a través de

ECHO 8 millones de euros y a través de AidCo 10 millones de euros.

Desde el punto de vista de apoyo en otros campos, pueden destacarse algunas iniciativas de la ONU

tales como la visita del Sr. Francis Deng, la misión de la Red Interagencial de las Naciones Unidas

sobre los Desplazamientos liderada por el Sr. Koffi Asomani, y la visita de la Relatora Especial

sobre la Violencia contra la Mujer, Sra. Radhika Coomarawamy, quienes formularon valiosas

recomendaciones para la formulación o complementación de la política.

El gobierno del Presidente Uribe le ha asignado una gran importancia a la participación de la

comunidad internacional en las intervenciones dirigidas a la protección humanitaria de la población

tanto en los retornos como en las regiones amenazadas por el riesgo de desplazamiento, para lo cual

propuso inicialmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esquemas tales como el de

la intervención de los cascos azules, inicialmente, y luego el de los “cascos azules a la colombiana”,

que finalmente no fueron aceptados por dicha organización.

Sin embargo, se ha venido adelantando entre el gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas en

Colombia un interesante proceso de intercambio de percepciones y puntos de vista (no exento de

momentos de dificultad) tendientes a concretar un esquema de colaboración en el campo específico

de la intervención humanitaria, diferenciado e independiente de la eventual colaboración política de

la ONU en el proceso de exploración y acercamiento con los movimientos insurgentes.

Para ello la ONU ha venido formulando un Plan de Acción Humanitaria tendiente a establecer una

intervención conjunta y coordinada de todas las agencias del sistema en Colombia, el cual estaría

articulado a una estrategia más general de cooperación para el desarrollo, ambas tendientes a mitigar el costo social del conflicto interno

 

 

 

 


LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO DURANTE EL

GOBIERNO ACTUAL.

 

Durante el presente gobierno, no se ha logrado resolver los problemas que obstaculizan la adecuada coordinación entre los diferentes sectores (ingresos, empleo, vivienda, salud, educación, etc.) para ofrecer a la PD una respuesta integrada, y tampoco los que impiden articular adecuadamente en nivel sectorial-nacional de la política con el nivel territorial.

 

En el análisis de la práctica de la política pública durante el período 1999 – 2002 realizado por el ACNUR, se señala que para el correcto funcionamiento del SNAIPD “son necesarias cuatro condiciones para garantizar la efectividad del esquema de atención por parte del Estado: a) que exista en todas las entidades unidad de criterio en cuanto al enfoque y concepción de la política, y en cuanto a la estrategia de ejecución, b) que exista una coordinación de todas éstas en el nivel operativo, la cual a su vez depende de que haya un Plan Nacional de Atención al Desplazamiento que establezca responsabilidades específicas de las diferentes entidades, mecanismos de coordinación, metas concretas, asignación de recursos, y un sistema de seguimiento a la gestión, c) que exista un claro liderazgo político por parte de la Presidencia de la República en el seno del Consejo Nacional, que garantice que éste cumpla a cabalidad con su misión de formular la política

y garantizar la asignación de los recursos, concretando ambas cosas en un Plan específico y generando los necesarios efectos vinculantes hacia las entidades del SNAIPD y d) que exista una efectiva articulación entre el nivel central y los departamentos y municipios, la cual depende a su vez del funcionamiento eficaz de los comités territoriales y de las administraciones departamentales y municipales”37.

Al respecto, en el informe se llega a dos conclusiones principales: “a) la prestación de la Asistencia Humanitaria de Emergencia se ha centralizado, con buenos resultados, en la RSS, y b) la oferta en los programas de restablecimiento (salud, educación, vivienda, estabilización socioeconómica, etc.) ha estado dirigida predominantemente a atender demandas individuales de manera fragmentada, desvirtuándose el enfoque inicialmente prevalente de generar una respuesta a través de operaciones integrales de retorno o relocalización de la PID, dentro de las cuales se articularan los diferentes elementos sectoriales.”38 Adicionalmente, no existía en ese momento ni existe aún un Plan Nacional

con carácter vinculante para las entidades del SNAIPD, que fije metas concretas, responsabilidades y presupuesto específico. Tampoco existe un sistema de seguimiento y evaluación, con indicadores específicos, que permita la adecuada rendición de cuentas por parte de dichas entidades.

Con el fin de introducir correctivos a esta situación, el gobierno del Presidente Uribe se ha

propuesto dos iniciativas: a) Formular el nuevo Plan Nacional e implementar el sistema de

seguimiento y evaluación de la política pública, y b) poner en marcha estrategias para estimular la descentralización en la formulación y gestión de la política, principalmente la de la estabilización económica de la PD a través de un enfoque regional, así como la generación de espacios para la participación de la sociedad civil (en particular de la población desplazada) y la generación de alianzas público-privadas. Los Comités siguen siendo los mecanismos principales de integración de la acción de los actores regionales y locales en la atención al desplazamiento.

Sin embargo, pasado el primer año aún no se cuenta con el nuevo Plan Nacional (se espera tenerlo listo a final del 2003), ni se ha implementado el sistema de seguimiento y evaluación (entraría a operar en el segundo semestre de 2004). Entre agosto de 2002 y junio de 2003 no se ha reunido el Consejo Nacional, y la RSS había mantenido un muy bajo grado de actividad respecto a su papel de liderazgo y coordinación en la promoción y dinamización de los comités departamentales y municipales. Desde julio de 2003 inició un trabajo con los Comités departamentales, pero no está adelantando acciones de fortalecimiento de los comités municipales.

Adicionalmente, el hecho de que la responsabilidad de la asistencia a la PD para la generación de ingresos, vivienda, salud, atención psicosocial y educación se han transferido totalmente a las instancias sectoriales, y que dicha asistencia está siendo tramitada a través de los instrumentos, canales y procedimientos genéricos para la población pobre y vulnerable, ha hecho más difícil que en el pasado la integración, articulación y coordinación de tod as esas respuestas en una misma región o ciudad, para una misma familia o comunidad desplazada.

Así, las expectativas están puestas en la eficacia del nuevo Plan Nacional para garantizar la integralidad sectorial y territorial la respuesta estatal.

Otro factor que ha obstaculizado la efectividad de dicha respuesta es la reforma del aparato estatal, en la cual se ha incluido buena parte de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la PD (SNAIPD), en particular a aquellas relacionadas con los programas de estabilización socioeconómica (INURBE, INCORA, DRI, FINDETER, SENA, IFI, FIP, etc.).

Dicha reforma, aún en proceso, sumada a la escasez de recursos financieros, generó durante el primer año una notable disminución de la actividad de atención a la PD (principalmente en la provisión de soluciones duraderas), debido a:

a) Los cambios en el contenido del paquete de asistencia a la PD por parte del nuevo gobierno;

b) La indefinición de los nuevos instrumentos, metodologías y procedimientos; y

c) el hecho de que los instrumentos de asistencia que ya se han definido, apenas hasta ahora están

siendo divulgados y aún no comienzan a ser aplicados.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:    

 

 

http://www.onusida.org.co/desplaz.htm

http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/Textos/rev10/1002.pdf

http://www.usbctg.edu.co/elacid/documentos/pub02_efectos_01.pdf